Skip to content
  • Admin 
Home » Noticias » La Hipocresía Gubernamental: Protección a Funcionarios Corruptos

La Hipocresía Gubernamental: Protección a Funcionarios Corruptos

El fenómeno de la doble moral en el gobierno ha sido objeto de discusión en múltiples contextos. A pesar de los esfuerzos emprendidos por la Asamblea Legislativa y otros organismos para fomentar la ética y la transparencia en la administración pública, la corrupción y la falta de transparencia continúan obstaculizando el progreso del país. La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha seguido de cerca la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción en Costa Rica, evaluando el desempeño de los órganos de control en la lucha contra este flagelo.

En sus informes periódicos, Transparencia Internacional ha señalado repetidamente los escasos avances del país en la lucha contra la corrupción. La carencia de ética y moral en la función pública ha sido expuesta en diversos artículos periodísticos y estudios. Un artículo del Semanario Universidad, por ejemplo, destaca la existencia de una doble moral en el gobierno costarricense, donde se pronuncian compromisos pero se ejecutan acciones contrarias, especialmente en lo que concierne a la ética y la transparencia en la función pública.

Este comportamiento contradice el discurso anticorrupción y mina la confianza ciudadana. Es crucial resaltar que Costa Rica cuenta con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, promulgada en 2004, con el propósito de abordar estos problemas. No obstante, la efectividad práctica de esta legislación y su aplicación en casos específicos de doble moral en la función pública requieren un análisis más profundo.

La hipocresía gubernamental al resguardar a ciertos funcionarios que han incurrido en actos impropios y contrarios a la ética de la función pública constituye un dilema que contradice el discurso gubernamental en contra de la corrupción. Urge implementar medidas más contundentes para combatir este problema, fomentar la integridad en el ámbito público y asegurar que los servidores públicos asuman sus funciones con responsabilidad y ética. Esto es esencial para fortalecer la confianza de la población en el gobierno y garantizar un desarrollo sostenible y equitativo en Costa Rica.